Relaves mineros del proyecto Ariana podrían contaminar suministro de agua en Lima

La posibilidad de que los relaves de la mina Ariana puedan filtrarse hacia el túnel trasandino, amenazando con contaminar el suministro de agua para Lima, ha generado una serie de acciones legales contra la firma canadiense Southern Peaks. Autoridades y organizaciones civiles aseguran que el proyecto carece de estudios hidrogeológicos y, además, que los estudios de impacto ambiental han sido insuficientes.

El pasado 25 de abril, las congresistas de la República Marisa Glave y Katia Gilvonio, de la bancada Nuevo Perú, junto a representantes de la ONG CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal (IDL), presentaron una medida cautelar ante el Juzgado de Derecho Constitucional de Lima en contra del proyecto minero Ariana, ubicado en Junín. La medida es complementaria a una acción de amparo presentada con anterioridad.

LA MINA

La mina Ariana está ubicada en la provincia de Yauli, región Junín, a unos 4,500 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un yacimiento de cobre, zinc, oro y plata a cargo de la minera canadiense Southern Peaks Mining, cuya inversión asciende a US$ 122 millones y se encuentra en etapa de preconstrucción.

A fines del año pasado, representantes de la compañía señalaron que la construcción de la mina estaba pactada para el primer trimestre de 2019 y tomaría un periodo de 24 meses. Se espera que la planta de procesamiento tenga una capacidad de 2,000 toneladas de mineral por día (TMD), pero en el 2021 se ampliaría a 3,000 TMD.

En relación a los relaves mineros, la empresa señaló que estos se depositarán en una zona que posee una capa de arcilla de entre 15 m y 30 m, la cual será reforzada con una capa de impermeabilización para garantizar la máxima seguridad. Asimismo, Southern Peaks posee un estudio de impacto ambiental aprobado.



RIESGO DE CONTAMINACIÓN

Durante la presentación del 23 Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) el economista y cofundador de CooperAcción, José De Echave, explicó que el proyecto Ariana se va a ejecutar en un área muy cercana al Túnel Trasandino, que permite el trasvase de aguas de la cuenca del río Mantaro hacia la cuenca del río Rímac, que abastece de agua a más de 10 millones de personas en Lima y Callao.

Según indicó, existe un peligro latente de posibles filtraciones de material tóxico en la zona, donde hay seis lagunas altoandinas y un depósito de relaves, apenas a 50 m del túnel Trasandino.

“Este es un tema que nos preocupa y que pone en agenda de discusión la necesidad de poner en marcha políticas para el ordenamiento del territorio y fortalecer los instrumentos de gestión ambiental”, refirió.

EIA CUESTIONADO

Durante el observatorio, De Echave aseguró que los riesgos de filtraciones están reconocidos en el propio Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado de Southern Peaks, y ese punto ha generado gran preocupación en relación al servicio de agua potable en Lima.

Por su parte, la congresista Marisa Glave dijo, en una conferencia de prensa posterior, que el EIA realizado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no tomó en cuenta las preocupaciones de empresas como Enel, que opera centrales hidroeléctricas con agua procedente del trasvase, o del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), encargado de suministrar agua a la ciudad de Lima.

“Por estas razones no se puede mantener el proyecto y el Ministerio de Energía y Minas cometió un grave error al darle la autorización. Exigimos un nuevo estudio de impacto ambiental”, precisó la parlamentaria.

A su vez, la directora de CooperAcción, Ana Leiva, también cuestionó los estudios de impacto ambiental del proyecto al considerarlos insuficientes. “La mina es subterránea, y esto afectaría el nivel de agua de Lima. Pero no sabemos en qué medida porque no se han hecho las investigaciones adecuadas”, subrayó.

El propio Sedapal ha manifestado su preocupación respecto a los posibles alcances del proyecto, por lo que solicitó al MEM que se adopten estándares elevados, considerando que la cimentación de la presa de relaves “se encuentra sobre una capa de depósito lacustre, generando las posibilidades de rotura de la presa y la licuación estática de los residuos mineros y su escape del depósito, que podría afectar el agua que se conduce por dicho túnel”.

ANTECEDENTE: QUIRUVILCA

La preocupación en torno al proyecto Ariana se acentúa si se tiene en cuenta el antecedente de la mina Quiruvilca, en La Libertad, a cargo de una subsidiaria de Southern Peaks. El cierre de ese proyecto a fines del 2017 dejó un grave perjuicio económico a la población, con centenares de trabajadores impagos y aguas contaminadas.

Un informe del diario La República refiere que la empresa se declaró en quiebra y dejó una deuda cercana a los US$ 10 millones a sus trabajadores. Además, quedó debiendo unos S/ 200,000 al municipio de Quiruvilca, lo que generó un impedimento para contratar a profesores y técnicos en salud.

Además, el cierre de Quiruvilca propició el incremento de la minería informal en toda la zona, pues más de 1,000 personas empezaron a trabajar en los socavones ubicados en los cerros, según estimaciones de las autoridades.

CONFLICTOS AMBIENTALES

La Defensoría del Pueblo señala que, hasta el año 2018, se contabilizaron un total de 202 conflictos sociales en el Perú. De ellos, el 62.9% están relacionados con temas socio ambientales, y de ese grupo, el 65% tiene que ver con quejas sobre actividades mineras.

La región que registra el mayor número de conflictos sociales en el país es Áncash, al norte de Lima, con 31 casos, considerando además que el 42.8% de su territorio está concesionado para la actividad minera. Este porcentaje es similar a las concesiones mineras en la región de Lima.