El colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, en La Libertad, ha puesto en debate la seguridad estructural y la normativa vigente en edificaciones comerciales. Este siniestro, que resultó en la muerte de seis personas y más de 80 heridos, ha sido objeto de análisis por parte de diversas instituciones y expertos en ingeniería y arquitectura. Entre las voces que han intervenido en la discusión se encuentran el Colegio de Ingenieros de La Libertad, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Arquitectos del Perú que han aportado diferentes perspectivas técnicas sobre las posibles causas del desastre y las fallas estructurales que lo originaron.
El decano del Colegio de Ingenieros de La Libertad, Enrique Luján Silva, aseguró en una entrevista con RPP, que este desastre fue provocado por una «falla estructural» que debe ser analizada en cuatro fases fundamentales: diseño, construcción, supervisión y mantenimiento. En su evaluación, Luján Silva resaltó que cualquier infraestructura requiere un expediente técnico que contemple el diseño, la correcta aplicación de materiales y la supervisión rigurosa para garantizar su estabilidad. La revisión de estas etapas permitirá identificar las causas exactas del colapso.
El Colegio de Ingenieros del Perú emitió un pronunciamiento en el que enfatizó la necesidad de revisar los procesos de inspección y supervisión de edificaciones. Según la institución, las posibles causas del colapso podrían incluir vicios ocultos en el diseño y la construcción, así como deficiencias en la calidad de los materiales empleados.
Además, advirtió que el procedimiento actual de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) se limita a una inspección ocular sin la obligación de presentar planos estructurales ni contar con la presencia de un ingeniero civil en el grupo inspector. Por ello, el Colegio de Ingenieros solicitó a las autoridades el retorno de la obligatoriedad de la participación de un ingeniero civil en todas las inspecciones ITSE y que se establezca una vigencia de dos años para estos certificados, evitando que sean indefinidos.
En tanto, la decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Giusti, señaló en el programa dominical Cuarto Poder que en 2018 se implementaron cambios en el reglamento de las ITSE con el objetivo de reducir costos y simplificar procedimientos. Sin embargo, esto eliminó la obligación de contar con un ingeniero civil en las inspecciones, afectando la evaluación de riesgos estructurales. Explicó que anteriormente se requería la participación de al menos cuatro especialistas en cada inspección, pero actualmente se priorizan los riesgos de incendio y colapso sin una revisión exhaustiva de las estructuras. Además, cuestionó si en la inspección realizada meses atrás en el centro comercial se cumplieron los procedimientos adecuados, incluyendo una revisión ocular del techo y el registro fotográfico de las áreas inspeccionadas. Insistió en la importancia del peritaje para determinar las causas exactas del incidente y establecer posibles responsabilidades.
Por su parte, el ingeniero mexicano Maxx Luis Marín analizó las posibles fallas en la estructura del domo a través de un hilo publicado en su cuenta de X (antes Twitter) y señaló que la combinación de conexiones atornilladas y soldadas en los nodos principales pudo generar puntos de alta tensión, lo que incrementó el riesgo de fallos estructurales. Asimismo, explicó que el diseño radial de la estructura implicaba que las cargas se concentraran en el anillo central, requiriendo conexiones robustas para evitar colapsos.
Según Marín, el anillo exterior de la estructura falló y, de haber sido reforzado adecuadamente, el derrumbe podría haberse evitado. Si bien el diseño radial en sí no era deficiente, la falta de resistencia en el anillo exterior resultó ser un factor determinante en la tragedia
De otro lado, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, durante una conferencia de prensa, anunció que el Ministerio Público inició una investigación preliminar por homicidio culposo y lesiones culposas contra Luis Alonso Santa María Torres, representante legal del centro comercial Real Plaza Trujillo, y contra todos los que resulten responsables por la reciente tragedia ocurrida en el establecimiento.
Aunque no reveló la identidad de otros posibles responsables, aseguró que la investigación avanza y que se determinará, paso a paso, quiénes tuvieron responsabilidad en los hechos. El fiscal señaló que la investigación no se limitará al centro comercial, sino que también podría extenderse a funcionarios de la municipalidad provincial de Trujillo y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). “Hay que revisar la documentación, quién dio la licencia para que siga funcionando, quién hizo las inspecciones. Se va a incorporar a más investigados según lo que arroje el expediente”, explicó.
