Hace algunos días, la bancada Podemos Perú presentó un Proyecto de Ley 837-2021 que propone el establecimiento de un régimen especial para la legalización de posesiones informales asentadas en zonas arqueológicas, históricas, y de protección y tratamiento paisajista.
La propuesta pretende retirar la condición arqueológica o histórica a las posesiones informales de propiedad estatal que hayan sido ocupadas de manera pacífica hasta el 31 de diciembre de 2015. Además, la zona debe contar con proyectos de inversión pública, como escaleras, muros de contención, pistas, veredas, instalación de al menos un servicio básico y los propietarios deben tener constancia de posesión del predio.
Al respecto una serie de instituciones han expresado su disconformidad sobre la norma porque pone en riesgo el patrimonio cultural y natural; incentiva la continuidad de las mafias de tráfico de terrenos, al formalizar procesos que todos debemos combatir; atenta contra todo marco regulatorio en temas de planificación urbana, entre otros.
CAP
El Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú indicó que el proyecto de Ley se contrapone con la Constitución Política del Estado, y diversas leyes como la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, Ley General del Ambiente y a tratados internacionales que el Perú ha suscrito.
“Esta iniciativa demuestra el poco conocimiento de la legislación nacional e internacional sobre la materia y que ponen en riesgo nuestro patrimonio cultural y natural bajo pretextos populistas de solucionar ocupaciones informales, qué en muchos casos, han sido originadas por traficantes de terrenos que utilizan y aprovechan la necesidad de vivienda de la población más necesitada y la poca capacidad que ha demostrado el Estado para satisfacerla”, expresó en un comunicado.
Agregó que la solución planteada no solucionaría en medida alguna el déficit de vivienda del país, que requiere de una efectiva aplicación de políticas públicas en materia de vivienda y desarrollo urbano sostenible. Además, incentiva las invasiones a estas áreas protegidas por Ley y genera mayores cargas al Estado de dotar de infraestructura de servicios y de obras para mitigar riesgos, por estar la mayoría de los casos en zonas vulnerables a desastres no aptas para el desarrollo humano.
CAP – LIMA
En tanto, el Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Lima, a través de un comunicado, se dirigió específicamente al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a la opinión pública.
Solicitó un pronunciamiento claro del Ministerio de Cultura, institución que debe proteger, recuperar e implementar estrategias para poner el valor el patrimonio conforme a la Ley Nº 31304: Ley de reforma constitucional que refuerza la protección del patrimonio cultural de la nación.
“Nos parece importante señalar que la propuesta de Ley incentiva la continuidad de las mafias de tráfico de terrenos, al formalizar procesos que todos debemos combatir, las propuestas de Ley no deben tener intereses subalternos sino deben velar por los principios de sostenibilidad y habitabilidad adecuados”, indicó.
La propuesta de Ley, atenta contra todo marco regulatorio en temas de planificación urbana y adecuada gobernanza, yendo inclusive contra la Ley Orgánica de Municipalidades al crear un mecanismo nuevo para el cambio de zonificación. De esta manera no podremos tener ciudades planificadas destacó en su comunicado.
Ante los problemas de déficit de vivienda y al riesgo que representa esta propuesta de Ley para el desarrollo urbano sostenible, exhortó Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a que implemente la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, trabaje los Reglamentos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y establezca estrategias para proveer de vivienda a la población más vulnerable con una visión integral y sostenible de ciudad.
MINISTERIO DE CULTURA
El Ministerio de Cultura, por su parte, se pronunció aclarando que nuestro patrimonio cuenta con herramientas jurídicas que lo protege como la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación que precisa que los bienes culturales tienen la condción de bienes públicos, lo que en concordancia con el artículo 73 de la Constitución Política del Perú, estis bienes son inalienables e impresciptibles.
Expresó su preocupación de que el proyeco de ley en mención no vele por los derechos culturales de la población establecidos en la Política Nacional de Cultura al 2030, ni resuelva los problemas de otros derechos fundamentales de la ciudadanía.
COFOPRI
Cofopri, el organismo rector máximo encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida el Programa de Formalización de la Propiedad y su mantenimiento dentro de la formalidad a nivel nacional, manifestó que no ha participado en la elaboración del referido proyecto de Ley. Aseguró que es una institución respetuosa de las zonas que representan el patrimonio cultural y paisajístico del Perú y, por tanto, rechaza todas las acciones o intenciones que atenten contra los legítimos derechos de estas zonas que se encuentran amparadas en la Constitución y las leyes vigentes.
Agregó que como ente formalizador ayuda a propiciar una cultura de respeto a las zonas arqueológicas. Por ello, no desarrolla acciones tendientes a formalizar, adjudicar o regularizar derechos sobre terrenos ubicados en zonas arqueológicas, históricas o de protección y tratamiento paisajista.
Precisó que siendo una institución respetuosa de la Ley, está impedida de formalizar en dichas zonas, tal como lo señala su Manual de Procedimientos para la Formalización de Posesiones Informales (Mapro); además aclaró que cuenta con mecanismo de articulación y ejecución para estos casos.
Finalmente, enfatizó que tiene la firme convicción que la presente iniciativa no es pertinente si su máximo fin es el ordenamiento de la ciudad y la entrega de títulos de propiedad seguros.
