Mercado de propuestas: Fuerza Popular (Keiko Fujimori)

La revista Proyecta presenta las principales propuestas en materia de construcción planteadas en los planes de gobierno de los cinco candidatos ubicados en los primeros lugares de acuerdo a la última encuesta, tras las tachas a los postulantes César Acuña y Julio Guzmán. Aunque varios de los partidos concuerdan en el problema, difieren en la forma de solucionarlo. Esta revisión se separa en cinco campos: agua y saneamiento, vivienda, infraestructura, transporte e inversión. En las siguientes líneas se muestra  a modo de resumen las planes de cada partido. 

El Plan de Gobierno del partido Fuerza Popular se organiza en seis pilares dentro de los cuales los campos son tocados indistintamente.

Agua y saneamiento:

Fuerza Popular resalta problemas como la falta de agua y saneamiento para todos los peruanos; destacando que en Lima los pobladores en extrema pobreza pagan aproximadamente 10 veces más por el recurso. También habla sobre la debilidad de gestión de algunas 52 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). Dice que servirá poco invertir millones de soles si la raíz del problema no se soluciona, si no se transforman las empresas ineficientes.

Para el caso de agua y saneamiento, la agrupación propone impulsar las obras de distribución de agua potable; así como el tratamiento de aguas servidas (en este caso con contratos de concesión cofinanciados).

Vivienda:

Dentro de “Oportunidades y Acceso a los servicios”, se encuentra el título llamado “Vivienda digna y segura, propiciando el desarrollo de la Industria de la Construcción” que plantea cuatro problemas específicos: déficit de viviendas a nivel nacional; deficiente acceso a financiamiento; la legislación vigente dificulta el incremento del número de beneficiarios; y existe un programa nacional de entrega de títulos disperso y carente de planificación

La agrupación señala que uno de los principales obstáculos para incrementar el número ofertable de proyectos de vivienda es la falta de terrenos aptos para desarrollar proyectos. Suma a ello el incremento de viviendas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad.

El documento precisa que cuando se finalice el periodo del actual Gobierno se habrán construido 200,000 viviendas en cinco años, que es insuficiente para saldar el déficit de dos millones de viviendas, así como la demanda adicional de 140,000 nuevas viviendas cada año. Por otra parte, precisa que las familias de escasos recursos tienen serias dificultades para poder sustentar y obtener un crédito hipotecario, si no tienen el apoyo directo de entidades que les den soporte y asesoramiento.

La agrupación menciona como acciones a realizar la implementación de políticas públicas que trasciendan por lo menos tres periodos gubernamentales como mínimo, ya sea con subsidio para las familias de menores recursos así como con facilidades de crédito para los que, siendo emergentes, deseen una vivienda digna y segura.

Anuncia la creación de las Cadenas de Valor Compartidas para fomentar la Responsabilidad Social Empresarial, donde bancos, proveedores, constructores y autoridades, apoyen a las familias emergentes, otorgando premios e incentivos para los mejores y más seguros sistemas constructivos, premios a los servicios financieros que signifiquen créditos más blandos y que, además, otorguen asistencia técnica y asesoramiento a las familias más necesitadas, procurando una simplificación administrativa para sustentar el acceso al crédito.

Se plantea la reducción de los programas de vivienda a solo dos: Techo Propio (con Bono Familiar Habitacional) y Crédito Mi Vivienda (con Bono del Buen Pagador). Se aplicarán subsidios tipo Techo Propio para los estratos C, D y E, otorgando líneas de crédito de menos de 4% con montos que irán desde S/ 10,000 hasta menos de S/ 200,000. De la misma forma, se indicará que el mínimo a obtener en un crédito de vivienda será de S/. 10,000 más el BBP, y la vivienda de crédito menor será de S/ 27,000 como valor de construcción.

Se exonerará del pago de IGV a todas las viviendas de fomento del Estado hasta de S/ 200,000 (5 UIT) ya sea en compra, construcción o mejoramiento y se establecerá un TUPA Modelo para el otorgamiento de las Licencias de Construcción (LC) y Certificados de Finalización de Obra (CFO), con un plazo de 15 días para el otorgamiento de las licencias y de cinco días para los CFO, con un valor estándar para todos los municipios. Por otro lado, se plantea relanzar Cofopri, a fin de otorgar títulos de propiedad registrados al millón de familias que no ha logrado acceder a ese derecho.

 

Infraestructura y Transporte:

En su bloque “Desarrollo Regional e Infraestructura” plantea como primer problema el “Gran déficit de infraestructura productiva y social”. Aquí apunta que los estudios sobre brecha de infraestructura no han incluido a los deportes, la seguridad, bibliotecas y otros componentes de relevancia por lo que los montos pueden ser más significativos.

La agrupación política propone en el caso de las carreteras, profundizar y acelerar la acción de Provías Nacional y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en varios proyectos en la cartera del SNIP propuestos por el sector privado que podrían lanzarse rápidamente. Asimismo, se plantea la licitación de la construcción o rehabilitación de caminos departamentales (y de ser posible los vecinales), en una lógica de generación de corredores económicos. A ello se sumarán medidas como electricidad rural, titulación y saneamiento. Se invertiría entre S/ 200 millones a S/ 300 millones en cada departamento para que en tres años se cuente con una red vial en estado óptimo.

Se plantea una ley del suelo que posibilite la ejecución de proyectos de desarrollo y el ordenamiento de las ciudades, así como el potenciamiento de ProInversión. Entre las acciones estará la constitución de un Fondo Especial para el Desarrollo de Estudios de Preinversión (FEDEP) que asignará la mitad de su presupuesto al desarrollo de estudios de preinversión definidos por el Gobierno nacional y el 50% restante tendrá la naturaleza de fondo concursable para iniciativas o ideas presentadas por los gobiernos subnacionales.

Inversión:

En el pilar de “Gobernabilidad”, Fuerza Popular propone “Un Estado que gestiona los recursos y entrega los servicios públicos con eficacia y eficiencia”. Entre la serie de problemas que detalla está uno que denomina los “Procesos de inversión pública hacen que esta no tenga el avance necesario”.

Para atraer las inversiones, dice, es necesario tener un ordenamiento territorial adecuado. Actualmente, el 35% del territorio nacional está en manos de los privados, otro 30% es de las comunidades campesinas y nativas y el 35% es del Estado a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes. La “imprecisión y la carencia de límites”, constituye el principal problema de la demarcación y el origen de las actuales controversias territoriales. El 76.8% de los distritos y el 89% de las provincias no se encuentran debidamente delimitados y 1,244 municipalidades distritales tienen menos de 5,000 habitantes, lo que representa el 67% del total de distritos.

Otra deficiencia es que no existe una normatividad que permita ejecutar mega proyectos de envergadura macro regional y de impacto nacional a los gobiernos regionales. Plantea la creación de Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que tendrán a su cargo la identificación de las prioridades del Estado relacionadas con los servicios de educación, salud, agua y saneamiento, así como con la adecuada operación de los procesos de inversión pública. Además, buscarán promover la inversión en infraestructura pública mediante asociaciones público privadas, incluidas en un Plan de Desarrollo.

 

Más en revista Proyecta Ed. 37.