Jorge Peñaranda: “La brecha en infraestructura bordea los US$ 108 mil millones”

De los 27 proyectos de Infraestructura adjudicados desde el 2008, más del 50% todavía no han iniciado obras debido a factores como trabas burocráticas y largos procesos de expropiación. Para solucionar este problema, el Gremio de Infraestructuras de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) encargó un estudio que diagnostica el estado actual de las concesiones y propone una serie de iniciativas para promoverlas. Al respecto, conversamos con el segundo vicepresidente de dicho gremio, Jorge Peñaranda Castañeda.

¿De qué se trató el estudio encargado por la Cámara de Comercio de Lima a la Universidad del Pacífico? En la Cámara, como gremio, una de las tareas que tenemos es impulsar el desarrollo de la infraestructura para que el país sea más competitivo. Por ello, contratamos al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico para que realice un estudio acerca del desarrollo de las concesiones en un periodo que va desde enero de 1995 hasta diciembre de 2014, abarcando un periodo de casi 20 años. En principio, se realizó un diagnóstico sobre la situación de las concesiones. En todo el periodo de estudio, se han realizado 125 contratos de infraestructura, de los cuales un 70 por ciento son autosostenibles y cofinanciadas, y aproximadamente el 80 por ciento pertenece a los sectores de Transportes y de Energía.

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que se desprenden del análisis? El estudio, que se va a editar y publicar en las próximas semanas, incluye una evaluación y un diagnóstico, y entre las conclusiones encontramos aspectos positivos y negativos. Dentro de lo positivo, podemos destacar que tenemos un buen marco normativo, con reglamentos que se van ajustando a los procesos. También es importante el desarrollo macroeconómico que ha tenido el país en los últimos 20 años. Hay estabilidad económica y jurídica, factores importantes porque han alentado las inversiones. Otro factor que señala el estudio es que se ha venido desarrollando hasta la actualidad un mercado de capitales, que se ha fortalecido con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que a lo largo de los años han acumulado una buena cantidad de dinero, que se están usando para financiar a muchos concesionarios. Pese a todos esos aspectos favorables, también hay cosas negativas. Tenemos muchas trabas burocráticas para obtener permisos, así como dificultades por parte del Estado para otorgar los terrenos libres de uso.

En la práctica, ¿Cómo afectan estas limitaciones al desarrollo de los proyectos? El principal problema es que producen demoras. Por ejemplo, en el caso de una carretera, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene que entregar al concesionario toda la franja donde se implementará la misma, otorgándole la vía libre para que pueda trabajar. Pero en la práctica, muchas construcciones ni siquiera han iniciado porque no se ha terminado el tema de las expropiaciones. Es verdad que el Gobierno aprobó hace poco una ley para otorgar incentivos y acelerar las expropiaciones, así que estaremos atentos a los resultados.

¿Cuáles son los puntos más críticos dentro de las trabas burocráticas? Cuando se otorga una concesión, lo primero que hará la empresa o consorcio es el cierre financiero, es decir, conseguir los recursos que utilizará para la obra. Para ello tiene que obtener ciertas autorizaciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues el Gobierno peruano está avalando el proceso, y eso requiere un tiempo adicional. Luego está el tema de las licencias. En el caso de la Línea 2 del Metro de Lima, por poner un ejemplo, se trata de un túnel de 27 kilómetros con varios estacionamientos, ubicados en diferentes distritos. En ese caso, hay que pasar por todas las municipalidades para solicitar licencias de construcción, y al mismo tiempo el Estado debe liberar los terrenos. Todo esto es solo en trámite, ya que hasta ese momento no se ha construido nada.

Otro ejemplo es la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. El concesionario, en este caso TV Azteca-Tendai, tiene una serie de problemas. Una vez que obtuvo la licitación les recomendaron que las fibras podrían estar colgadas de las líneas de alta tensión, y que las empresas de ese rubro por reglamento debían darles todas las facilidades. Al final eso quedó en papel, pues en la práctica al concesionario de una línea de transmisión no le interesa, originando problemas y demoras.Todas estas demoras significan mayores plazos, lo que a su vez perjudica al Estado porque supone mayores costos.

El estudio señala que en los últimos seis años 17 proyectos de un total de 27 no han iniciado obras... Así es. Entre el 2008 y 2014, los 27 proyectos adjudicados por los tres niveles de Gobierno comprenden una inversión de 15 mil millones de dólares, y los 17 que aún no inician obras abarcan 1,600 millones de dólares, es decir, más de la mitad de proyectos se encuentran detenidos.

Uno de los más destacables es la Carretera Central, que fue concesionada a un grupo colombiano hace varios años y no se ha iniciado por problemas de expropiación del terreno. Otro caso es la concesión de la Carretera Pucusana-Ica, que se otorgó hace unos nueve años. A pesar del tiempo que ha pasado, aún no se ha terminado de implementar.

Una de las propuestas de la CCL es implementar un Plan Nacional de Infraestructuras a largo plazo que sirva como guía tanto para el sector público como el privado. Se recomienda además crear un ente regulador para las concesiones regionales y locales, así como entregar proyectos con los estudios de factibilidad definidos, a fin de evitar adendas que incrementen los gastos.

¿Qué soluciones ha propuesto el Gremio de Infraestructuras de la CCL? Una de las propuestas del gremio es implementar un Plan Nacional de Infraestructura, para que todos los sectores del Gobierno de turno y privados tengan una guía que puedan seguir durante los próximos 20 o 30 años. Las empresas orientarían sus propuestas a ese plan y va a ser más fácil darles seguimiento.

Hace varios años también se planteó un plan de ese tipo. Se trabajó en un plan que iba desde el 2002 hasta el 2021, e intervinieron el Colegio de Ingenieros, Capeco y la Asociación Peruana de Consultoría. Años más tarde, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y la Universidad del Pacífico elaboraron un plan 2012-2021, que a la fecha se está actualizando y próximamente será presentado. Se trata de planes hechos por privados, y la idea es que el Gobierno los apruebe como una política de Estado, que lo haga suyo.

¿Qué otras recomendaciones propone este estudio? Existen entes reguladores para diferentes sectores. Para Transportes tenemos a Ositran, para Telecomunicaciones a Osiptel, y para Energía y Minas está Osinergmin. Todo esto es a nivel del Gobierno central. Pero los gobiernos regionales y locales, que también pueden otorgar concesiones, no tienen entes reguladores.

Es por ello que proponemos la creación de una entidad que regule las concesiones de esos niveles de gobierno. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima ha otorgado en concesión la Línea Amarilla al grupo brasileño OAS. Pero es necesario que un tercero regule el cumplimiento del acuerdo, no puede ser la misma municipalidad. Tiene que existir un equilibrio entre el concedente y el concesionario, pues son contratos de varios años de duración.

Finalmente, el estudio recomienda que se otorguen las concesiones con los estudios de factibilidad concluidos, pues actualmente se están entregando con estudios no definitivos. Esto hace que los proyectos tengan muchas adendas, que a la larga producen mayores costos. Esto ha pasado con la Línea 2 y seguramente pasará con la Línea 3. Cabe resaltar que los estudios de factibilidad no definitivos nos dan un estimado del costo real de un proyecto, y un estudio ya definido nos acercará mucho más a la cifra final. La única desventaja es que requerirá más tiempo y hará que demore el inicio de la concesión. Por lo demás, se necesita trabajar en la simplificación administrativa.

Se estima que la brecha de Infraestructura supera los 100 mil millones de dólares... Hemos identificado una brecha en infraestructura que bordea los 108 mil millones de dólares. La brecha es un concepto que nos compara con los países vecinos, es decir, el monto calculado es el que nos falta para estar a la par con ellos. Vale aclarar que ni siquiera alcanzando esa cantidad estaríamos al nivel del primer mundo, porque si nos comparamos con países europeos o Estados Unidos, la brecha sería mucho mayor. Depende también de las variantes que consideramos. En el año 2012 se decía que la brecha era de 88 mil millones de dólares, pero no estaba incluido el Metro de Lima y sistemas de transporte de otras ciudades. Si lo agregamos, sumaremos unos 20 mil millones más. Aun así no está incluido el sector Vivienda, cuyo déficit alcanza el millón de unidades, que se traduce en otros 20 mil millones. De esa forma la brecha vuelve a aumentar y llega a los 140 mil millones de dólares. Es un concepto relativo pero importante. Por eso digo que es bueno tener un plan. Para superar la brecha es necesario invertir al menos un seis por ciento del PBI en temas de Infraestructura cada año, además de dar facilidades al mercado de capitales para que siga creciendo e incorpore a más privados.

¿Qué tanto afecta la desaceleración económica al desarrollo de proyectos? Es verdad que vivimos en una etapa de desaceleración y sin duda es algo negativo. Pero el Perú sigue siendo un país interesante para los capitales extranjeros, pues todavía mantenemos la estabilidad tanto en lo económico como en lo jurídico. Necesitamos más contratos de concesión y desde la CCL esperamos contribuir con nuestras propuestas.

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