Megaproyectos y APP requieren ajustes

Tras el escándalo de corrupción de Odebrecht, las asociaciones público-privadas (APP) fueron consideradas una mala herramienta de gestión al ponerse en duda la transparencia de sus trabajos. Para conversar sobre la realidad de su aplicación el diario Gestión juntó a cuatro especialistas para hablar sobre el tema. Ellos coincidieron en que aún se requieren hacer ajustes a este esquema.

El exministro de Transportes, José Gallardo, indicó que en el caso de las APP, debería situarse en un momento inicial. “No se puede decir que es como en el caso de las otras concesiones de servicios o de la inversión pública que ya tienen un momento de madurez y que ya nos han dado logros. Se están poniendo los ojos en donde se tienen que poner, en fortalecer los mecanismos de regulación, de control, de capacitación, de aprendizaje. De repente, cuando miremos esto dentro de 10 o 15 años, podremos decir, como en los otros dos casos, que el balance es positivo”, afirmó.

En tanto, el economista Manuel Romero Caro, dijo que en los megaproyectos de los últimos 20 años hay más características negativas que positivas. Queda claro que en las APP el aporte del sector privado es de experiencia, tecnología y el Estado apoya complementariamente con financiamiento, pero se hizo uso y abuso de esto último.

Una característica negativa, que es la madre de todos los problemas, es la presión, el apuro, el hacer que se quemen etapas. Puedes tener las mejores leyes del mundo, pero no sirven si te las saltas con un decreto de urgencia o declarando un proyecto como prioridad nacional.

Por su parte, el contralor de la República, Édgar Alarcón, contralor de la República, mencionó cinco problemas identificados por su representada. Primero: Se promocionan proyectos sin maduración o estudios. Solo para satisfacer la necesidad de un grupo, población o región. Segundo. Limitaciones en la disponibilidad de tierras o terrenos. Se da en todas las APP, lo que genera gastos adicionales y lleva a modificaciones de contratos.

Tercero: Bases de los procesos son poco claras y no generan competencia. Las bases están direccionadas a que ganen un grupo de empresas. Cuarto: Contratos lesivos que favorecen solo a las empresas y no al Estado. Solo los concesionarios pueden pedir adendas y no las entidades estatales. Quinto: Calidad de las obras. Ligado al problema de supervisión, que en muchos casos las empresas están ligadas al concesionario.

Finalmente, Miguel Sánchez-Moreno, socio estudio Rosselló, indicó que el marco legal de las APP en el Perú se dio recién en el 2008. “Antes de eso no se hablaba de este tipo de proyectos, pero sí se ejecutaban”, comentó. Proyectos con cofinanciamiento como Olmos e IIRSA hicieron que el MEF tome un rol más protagónico y decida cambiar la norma para regular las APP. Recién ahora están terminando de dictar una serie de directivas y lineamientos para que funcione la normativa, porque el tema de megaproyectos y APP no es exclusivo del Gobierno nacional, también los gobiernos regionales y locales tienen un papel preponderante, pero aún no se mira lo que hacen, puntualizó.