Autorizan allanamiento de 43 inmuebles vinculados al “Club de la Construcción”

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción del Poder Judicial autorizó el allanamiento de 43 inmuebles relacionado al “Club de la construcción”, vinculado a su vez al caso Lava Jato. La orden que autoriza el allanamiento fue dictada por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, titular del mencionado juzgado.

Según el Poder Judicial, la orden fue dictada el pasado 5 de enero, y la investigación está referida a diversos hechos ocurridos entre los años 2011 y 2014. De acuerdo a las indagaciones, un grupo de constructoras estaban concertadas para obtener la concesión de obras públicas en coordinación con funcionarios del Estado. A este hecho se le denomina el “Club de la Construcción”.

La investigación hecha durante nueve meses por la Fiscalía dicen que las empresas habrían sostenido reuniones periódicas para pactar la distribución de las principales obras viales del país que eran ejecutadas por Provías Nacional, entidad perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Estas juntas fueron reportadas por un colaborador eficaz y posteriormente corroboradas por el Ministerio Público durante la investigación realizada en el marco del caso de corrupción Lava Jato.

Los encuentros habrían contado con la presencia de representantes de Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Graña y Montero, OAS, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA, JJC, Obrainsa, Queiroz Galvao, Cosapi y Málaga Hermanos, entre otras firmas investigadas por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.

Los acuerdos pactados durante las reuniones habrían sido puestos en conocimiento de Carlos Eugenio García Alcázar, único detenido durante el allanamiento, quien se desempeñó como asesor del MTC del 2011 al 2014.

Con estas diligencias se tenía por objetivo encontrar bienes e información de interés como documentos (“vouchers”, contratos por licitaciones públicas, contratos entre empresas, documentos vinculados a obras requeridas mediante licitación pública, recibos por honorarios, facturas, equipos informáticos, entre otros).